El representante del Ministerio de Educación, Carlos Morales Guerrero, sustentó también este lunes su recurso de apelación sobre la decisión de primera instancia de restablecer los derechos de Silvia Gette Ponce y así vuelva asumir la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.

“Esta decisión del juez fue adoptada pese a la oposición del Ministerio de Educación y que colocamos de presente sobre la vigilancia especial ejercía en la Universidad y que existe un rector designado (Jorge Enrique Senior)  por el Ministerio”, dijo el representante del Ministerio de Educación.

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Precisó que el “juez carecía de competencias para tomar las medidas ordenadas”. 

Añadió que la decisión de realizar la nulidad de todas las actas desde mayo de 2013 a la fecha y resoluciones “escapa por completo a la decisión del juez”. 

“No es posible la restitución de la señora Silvia Gette de manera inmediata porque el juez asume que se declara la nulidad de la resolución donde el ministerio ordenó vigilancia especial sobre la universidad”, dijo.

Explicó que los actos administrativos del Ministerio de Educación debe ser revisados en otra instancia como el Contencioso Administrativo y “que el juez de control de garantías no es el competente para la anulación de los actos administrativos de MinEducación” de manera implícita, porque el juez no se refirió a esos actos, sino que se enfocó solo en las actas que presuntamente fueron manipuladas para asignar a Ramsés Vargas Lamadrid como rector y sacar en ese entonces a Gette Ponce de su cargo. 

El cargo de rector actual, mediante acto administrativo, el Ministerio de Educación precisó que “está legítimamente ocupado por Jorge Senior Martínez. Este resultado de ninguna forma ha sido nombrado en el proceso penal y no hay una posibilidad de que el juez de control de garantías se le permita tomar esa decisión para que asuma el cargo la señora Silvia Gette”.   

Sobre el argumento del juez de que Silvia Gette tiene derecho a la resocialización y que no puede ser señalada permanentemente tras haber cumplido condena, el representante del Ministerio de Educación precisó que ella “tiene derecho a la resocialización, pero no de volver al puesto en la institución que defraudó” tras realizar la transferencia de un millón de dólares de las arcas de la Universidad a una cuenta personal en Estados Unidos y dicho dinero no ha sido restablecido. 

La exrectora fue condenada por abuso de confianza, pero para el juez de control de garantías la misma ya fue cumplida.